El Estado devolverá a Aragón casi 30 millones de euros correspondientes a los gastos derivados de la asistencia sanitaria llevada a cabo en la Comunidad autónoma cuando la gestión correspondía al INSALUD. Así se desprende de la decisión tomada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que ha dictado una sentencia firme por la que estima el recurso de apelación presentado por la Comunidad de Aragón relativo al abono de los gastos correspondientes al personal de atención especializada del ejercicio 2001 y de los gastos farmacéuticos del mes de diciembre de ese mismo año, correspondientes a la gestión del INSALUD (hoy INGESA, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) en la Comunidad autónoma. El Gobierno de Aragón, en un acuerdo de Consejo de Gobierno del año 2003, acordó reclamar a la Administración General del Estado las obligaciones exigibles hasta el 31 de diciembre de 2001 derivadas de la gestión de la asistencia sanitaria por parte del INSALUD en la Comunidad autónoma. El acuerdo de traspaso de competencias, recogido en el Real Decreto 1475/2001, establecía que el cierre del sistema de financiación de la asistencia sanitaria para el periodo 1998-2001 sería asumido por la Administración General del Estado, señalándose que, a dichos efectos, se entendía como cierre del sistema la liquidación de las obligaciones exigibles hasta 31 de diciembre y pendientes de imputar a presupuesto, de los derechos exigibles a dicha fecha y de los recursos derivados de la liquidación de dicho modelo. Sin embargo, Aragón para garantizar la continuidad de los servicios sanitarios tuvo que asumir obligaciones contraídas por los diferentes centros de gestión del Instituto Nacional de la Salud ubicados en la Comunidad, correspondientes al ejercicio 2001 y que no fueron imputadas al presupuesto del Instituto Nacional de la Salud para dicho ejercicio. Dichos gastos hacían referencia a la liquidación de incentivos del personal de Atención Especializada del ejercicio 2001 y a facturas de recetas médicas. El importe total asciende a 25 millones de euros, cantidad que la Audiencia Nacional ha dictado que debe abonar el Estado a la Comunidad Autónoma, junto con los intereses devengados desde entonces. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, consideró hoy que esta es una buena noticia porque la devolución de casi 30 millones de euros a la Comunidad significa que "vamos a poder tener unos ingresos que espero que lleguen este año, o a comienzos del año que viene, que nos permitirán cerrar este año que está siendo complicado" en lo que a la situación económica general se refiere. Además, destacó como "independientemente de la prisa que siempre tenemos porque las cosas se solucionen, hay que tener un poquito de paciencia porque cuando uno tiene razón pues al final le dan la razón y en este caso a la Comunidad autónoma le han dado la razón", concluyó.
